La violación a la ley de obras en Sinaloa vuelve a encender alertas en materia de transparencia. En al menos cuatro municipios, los comités encargados de vigilar la obra pública fueron integrados sin respetar el mecanismo de participación ciudadana que establece la ley.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas, los comités encargados de vigilar licitaciones y contratos de infraestructura no pueden conformarse a discreción de los gobiernos municipales. La norma establece que los representantes ciudadanos deben ser seleccionados por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) mediante convocatorias públicas y procesos abiertos. Sin embargo, en estos municipios, los nombramientos se realizaron de manera directa.
Violación ley obras Sinaloa: cómo debían integrarse los comités
Los comités de obras no son figuras simbólicas. Su función es observar, acompañar y dar seguimiento a los procesos de contratación y ejecución de obra pública, precisamente para reducir riesgos de corrupción, favoritismos o decisiones opacas.
Al excluir al CPC, los ayuntamientos no solo incumplen un trámite administrativo: eliminan un contrapeso ciudadano diseñado para vigilar cómo y a quién se asignan las obras.
La legislación estatal señala que estos comités deben integrarse con tres ciudadanos designados por el CPC, quienes permanecen en el cargo por un periodo determinado y actúan como observadores independientes. Saltarse este paso rompe con el espíritu de la ley y con el objetivo de garantizar procesos transparentes.
Municipios señalados por violar la ley de obras en Sinaloa
El caso resulta especialmente delicado en Juan José Ríos y Eldorado, municipios de reciente creación que aún se encuentran en proceso de consolidar sus estructuras administrativas. En lugar de fortalecer mecanismos de participación y legalidad desde el inicio, replicaron prácticas que concentran decisiones en los gobiernos locales, sin control ciudadano efectivo.
Para habitantes de estas demarcaciones, la pregunta es inevitable:
¿quién vigila las obras públicas cuando el propio gobierno decide quién “representa” a la ciudadanía?
Un problema más amplio en el estado
La situación no parece aislada. Diversos señalamientos del propio CPC han advertido que la participación ciudadana en los comités de obra sigue siendo la excepción y no la regla en Sinaloa, pese a que el estado maneja presupuestos millonarios en infraestructura.
Esto cobra mayor relevancia en un contexto donde la obra pública es uno de los principales focos de riesgo en materia de corrupción, de acuerdo con diagnósticos nacionales y estatales en transparencia.
Lo que está en juego
Cuando se elimina la selección ciudadana independiente:
- Se reduce la vigilancia social.
- Se concentran decisiones en los ayuntamientos.
- Se debilita la confianza pública.
- Y se normaliza el incumplimiento de la ley.
La participación ciudadana no es un favor ni una concesión política. Es una obligación legal y un derecho de la sociedad para saber cómo se gasta el dinero público.
En La Voz del Andador, el llamado es claro: la ley debe cumplirse, especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen a todos.
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