MARINA DEL PILAR: LA TRAICIÓN A LA PATRIA QUE SOLO APLICA PARA LOS OTROS

Marina del Pilar tiene un problema de vocabulario. O más bien, su partido lo tiene. Durante años, Morena ha usado la frase «traición a la patria» como garrote político contra cualquiera que se atreva a coquetear con Washington, a filtrar información sensible, o simplemente a caerle mal a Palacio Nacional. Pero resulta que cuando la que ofrece compartir datos de las mesas de seguridad nacional con el FBI es una gobernadora morenista, la palabra «traición» se evapora del diccionario oficialista más rápido que las promesas de campaña.

Vamos a los hechos, porque aquí no hace falta inventar nada: la realidad ya viene con suficiente material.

El 21 de junio, el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal un audio donde se escuchaba la voz de Ávila Olmeda conversando con personas que se presentaron como asesores externos del FBI. Ella reconoció que era su voz. Explicó que en enero había recibido a gente que decía representar a una agencia estadounidense y que buscó orientación legal. Todo bajo control, dijo. Todo transparente, insistió.

Entonces llegó el segundo audio, el del 13 de julio. Y ahí la historia se puso interesante.

En esa grabación, un interlocutor identificado como asesor externo del FBI le informa a la gobernadora que las agencias estadounidenses «sienten que han perdido el tiempo» con ella, y le ofrecen lo que llaman «la última oportunidad» para frenar cargos o sanciones. Cuando se menciona la posibilidad de una extradición, la respuesta de Marina del Pilar no deja mucho espacio para la interpretación generosa: «Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad.»

Léanlo otra vez. Una gobernadora, con acceso directo a las mesas de seguridad nacional del país, ofreciéndose a compartir esa información con un intermediario del FBI a cambio de que le bajen el perfil a una posible acusación penal. No es una hipótesis de columnista aburrido. Es lo que dice la grabación, que ella misma reconoció como auténtica.

El gobierno de Baja California, por supuesto, salió con el manual de crisis estándar: fueron «fragmentos aislados de una conversación privada,» los interlocutores «nunca acreditaron formalmente» ser del FBI, y todo correspondía a «coordinación institucional.» La gobernadora, mientras tanto, desapareció del radar público el lunes: canceló su live habitual, no hizo declaraciones, y su última actividad en redes fue felicitar a los abogados por su día. La ironía se sirvió sola.

El PAN no dejó pasar la oportunidad, y con razón. Jorge Romero, presidente nacional del blanquiazul, fue directo: exigió que Marina del Pilar pida licencia mientras se investigan los audios, y lanzó la pregunta que de verdad importa: «¿Aquí no habría traición a la Patria?» Otros panistas fueron más lejos, recordando que a la gobernadora chihuahuense Maru Campos se le quiso hacer juicio político por un supuesto operativo de la CIA contra un narcolaboratorio. Ahí sí hubo escándalo nacional, ahí sí se habló de soberanía violada. Aquí, silencio institucional.

Y hablando de silencio institucional: este martes, en la mañanera, le preguntaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. Su respuesta fue un ejercicio de minimización cuidadosamente calibrado. Dijo que la gobernadora «ya dio su explicación,» que «no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando,» y que no hay información de «un nivel de sensibilidad» que represente preocupación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, remató en la misma línea: en un primer análisis, no se infiere que se vaya a compartir información confidencial.

Comparen ese tono con el que ha usado el mismo gobierno cuando se trata de opositores. Cuando se sospecha que un gobernador panista tuvo contacto con agencias extranjeras, la palabra «traición» aparece de inmediato en la conversación pública, acompañada de exigencias de juicio político y desafuero. Cuando la protagonista es una gobernadora del oficialismo ofreciendo, en sus propias palabras, contar «todo lo que yo pueda saber» al FBI, la respuesta oficial es que fue sacado de contexto y que no hay de qué preocuparse.

No hace falta ser jurista para notar la asimetría. La «traición a la patria» en el vocabulario de la 4T no es un principio, es una herramienta selectiva: se activa contra el adversario y se desactiva cuando toca a los propios. Y esa selectividad, más que cualquier audio filtrado, es el verdadero escándalo de este episodio. Porque un país que solo defiende su soberanía cuando le conviene políticamente no está defendiendo la soberanía. Está defendiendo cuotas de poder.

Marina del Pilar puede o no haber cometido un delito — eso lo determinará, si acaso, una investigación seria e independiente, algo que hasta ahora nadie en el gobierno federal parece muy interesado en promover. Pero lo que ya quedó establecido, con sus propias palabras y sin necesidad de interpretación forzada, es que la gobernadora de Baja California se sintió lo suficientemente acorralada como para ofrecer información de seguridad nacional a cambio de tranquilidad personal. Y que el aparato que debería estar indignado por eso, el mismo que grita «traición a la patria» cuando le sirve, decidió esta vez mirar para otro lado.

Al final, la pregunta no es si Marina del Pilar traicionó algo. La pregunta es si en este país la traición a la patria todavía significa algo, o si ya es solamente una etiqueta que se pega según convenga.

—Ciro Glez