Morena impugna el blindaje electoral que ella misma inventó

Morena tiene un problema de espejos. En mayo, el partido guinda celebró en el Congreso de la Unión la validación de su reforma judicial-electoral, bautizada como «blindaje electoral», que entre otras cosas creó una causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera. Fue una pieza central de su relato de soberanía frente a Washington. Tres meses después, en Chihuahua, ese mismo partido acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tumbar un blindaje electoral distinto —uno que castiga la intervención del crimen organizado en las urnas— con el argumento de que la reforma local tiene fallas legislativas. El nombre es el mismo. El adversario retórico también: la «injerencia» que corrompe una elección. Lo que cambia es quién queda del lado correcto de la ley según quién la escriba.

Esa es la contradicción que hoy domina la conversación política en Chihuahua y que, leída con cuidado, dice más sobre la lógica del poder mexicano en 2026 que cualquier spot de campaña.

Antecedentes: dos blindajes, dos historias

Para entender el lío hay que separar dos reformas que comparten nombre pero no origen.

La primera es nacional y es de Morena. En mayo de 2026, el paquete de reforma judicial-electoral impulsado por el oficialismo federal —que incluía la reelección de magistrados electorales y una nueva causal de nulidad por intervención extranjera— alcanzó la validación constitucional necesaria al ser avalado por al menos 17 y 18 congresos estatales respectivamente, según el Sistema de Información Legislativa. El propio oficialismo lo llamó, sin ironía aparente, «blindaje electoral».

La segunda es local y es del PAN. A mediados de junio, el coordinador de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, presentó una iniciativa para llevar a rango constitucional una causal de nulidad electoral distinta: la intervención del crimen organizado. La propuesta buscaba anular cualquier elección o candidatura en la que se acreditara vínculo con grupos delictivos, además de sumar paridad de género en la gubernatura y otros ajustes al sistema electoral estatal. Chávez la presentó como respuesta a la negativa de Morena de incluir ese mismo concepto a nivel federal.

El 22 de junio, esa parte constitucional de la reforma se cayó en el pleno: obtuvo 20 votos a favor y 12 en contra, insuficientes para la mayoría calificada de dos terceras partes que exige cualquier cambio a la Constitución estatal. Morena votó en bloque en contra. Pero el episodio no terminó ahí. Al día siguiente, el Congreso sacó adelante, ahora sí con mayoría simple, una reforma a la Ley Electoral —legislación secundaria, no constitucional— que sí incorporó la causal de nulidad por vínculos con el crimen organizado. Esa ley entró en vigor el 30 de junio de 2026.

Es exactamente esa pieza, la que sobrevivió por la vía secundaria, la que Morena decidió combatir. El 5 de agosto, la Suprema Corte admitió dos acciones de inconstitucionalidad —expedientes 96/2026 y 97/2026— promovidas por diputados locales de Morena y por la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel. La dirigencia del PAN no tardó en capitalizar el momento: horas después de conocerse la admisión de los expedientes, acusó públicamente a Morena de actuar como «abogada defensora del crimen organizado», en un comunicado que marcó el tono de todo lo que vendría después.

Los actores y el terreno de la disputa

los panistas

En el bando panista, la ofensiva la encabezan la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y Chávez Madrid, acompañados por la gobernadora María Eugenia «Maru» Campos, quien desde junio ha insistido en que fue Morena la que impidió el blindaje constitucional. La retórica ha escalado hasta el límite de lo temerario: Álvarez llegó a calificar a Morena como «el partido del narco y de la muerte», y esa frase se convirtió en el eje de una campaña de espectaculares con la leyenda «Muerte y Morena es lo mismo», colocada primero en dos cruces de Chihuahua capital y Ciudad Juárez, y ampliada después hasta cuatro anuncios y material digital que ya circula en ambas ciudades.

los morenistas

En el bando morenista, la explicación oficial —la que ofreció el coordinador local Cuauhtémoc Estrada Sotelo desde junio— es que la reforma constitucional se cayó por errores técnicos del propio bloque opositor, no por sabotaje de la izquierda, y que la controversia ante la Corte responde a «deficiencias del proceso legislativo» y a la ausencia del concepto de injerencia extranjera dentro del texto aprobado. Es, dicho de otro modo, un argumento de forma: no se está impugnando la idea de blindar elecciones del narco, se está impugnando cómo se hizo.

El problema es que esa distinción —de forma, no de fondo— es exactamente el tipo de matiz que desaparece en año preelectoral. Y 2027 ya está encima: la más reciente encuesta de Demoscopía, levantada el 4 de agosto, coloca a Morena al frente de la intención de voto para la gubernatura con 36.4 por ciento, casi diez puntos arriba del PAN. Con ese margen, cualquier episodio que permita construir el relato de «narcopartido» es oro político para la oposición, tenga o no sustento jurídico sólido.

La tesis: la ironía no es casualidad, es el sistema

Aquí conviene detenerse en lo que de verdad importa, más allá del pleito de comunicados. La pregunta no es solo si Morena tiene razón técnica en su controversia constitucional —eso lo resolverá la Corte, probablemente en los próximos meses—. La pregunta es qué revela que un mismo partido pueda, con la misma palabra, defender un blindaje cuando lo protege a él frente a un enemigo externo, y combatir otro cuando lo expone a él frente a un riesgo interno.

No es la primera vez que en esta casa editorial documentamos cómo la disputa entre el oficialismo y la oposición se libra tanto en el terreno legal como en el del control del relato. Hace apenas unos días analizamos la ofensiva del PAN nacional por el derecho de réplica en la mañanera, otro capítulo de la misma pelea de fondo: quién tiene la última palabra sobre qué cuenta como verdad institucional. Lo que ocurre hoy en Chihuahua es esa misma pelea, pero jugada con leyes electorales en vez de micrófonos.

Tampoco es la primera vez que el debate sobre crimen organizado y política golpea la conversación nacional este verano. Apenas a finales de julio, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, había comparado a los cárteles mexicanos con ISIS y Al Qaeda y afirmado que el territorio mexicano está «controlado y ocupado» por el crimen organizado, lo que provocó una respuesta medida pero firme de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a Estados Unidos «mirarse a sí mismo» antes de señalar. Ese episodio, que ya cubrimos en esta casa editorial, dejó instalada una pregunta incómoda para el oficialismo: si el discurso presidencial rechaza que el narco controle al Estado mexicano, ¿por qué el partido en el poder litiga contra una ley que busca, precisamente, que el narco no controle una elección local?

la respuesta de morena

La respuesta más generosa es que Morena tiene razón procedimental: una reforma mal hecha, aunque tenga buenas intenciones, puede ser papel mojado o, peor, un arma que se use selectivamente contra unos candidatos y no otros. La ausencia del concepto de «injerencia extranjera» —el mismo que Morena sí incluyó en su reforma federal— podría, en efecto, dejar coja la legislación chihuahuense frente a estándares de coherencia constitucional. Ese argumento existe y merece ser tomado en serio, no descartado solo porque lo diga el partido incómodo.

La lectura menos generosa, y la que va a dominar el relato público durante las próximas semanas, es más simple: a nadie le gusta quedar expuesto a una causal de nulidad cuando no sabe, con año y medio de anticipación, en qué territorios y con qué alianzas va a competir. Chihuahua es, no hay que olvidarlo, el estado donde Morena libra en este momento su propia guerra interna por la candidatura a la gubernatura, entre la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. En un terreno donde la disputa por alianzas y perfiles todavía no se resuelve —la dirigencia nacional anunció que definirá al candidato hasta septiembre—, cualquier ley que amplíe el margen para cuestionar vínculos de un aspirante con el crimen organizado es, como mínimo, una variable de riesgo que ningún equipo de campaña quiere dejar sin blindar. Con o sin comillas.

Lo que se juega en la Corte, y lo que se juega en la calle

Jurídicamente, lo que decida la Suprema Corte en los expedientes 96/2026 y 97/2026 no es un trámite menor. Si la Corte invalida la reforma por vicios de origen o de técnica legislativa, Morena podrá reivindicar que su objeción era, en efecto, de forma y no de fondo, y el debate se trasladará de vuelta al Congreso de Chihuahua para intentar una versión corregida antes del arranque formal del proceso electoral 2026-2027. Si la Corte la respalda, el PAN tendrá un triunfo simbólico enorme, sobre todo en un año en el que la narrativa de seguridad y crimen organizado ya es el eje central de la relación con Washington y de buena parte de la conversación pública interna.

Políticamente, sin embargo, el resultado judicial casi no importa. El daño reputacional —o el beneficio, según de qué lado se mire— ya está hecho en el terreno donde de verdad se libran las campañas: la percepción. El PAN de Chihuahua ha encontrado, con esta impugnación, munición para una narrativa que ya venía construyendo desde junio, cuando la gobernadora Campos acusó públicamente a los legisladores morenistas de votar en contra de mecanismos para impedir candidaturas ligadas al crimen organizado. Cada nueva controversia constitucional, cada nuevo espectacular, alimenta un relato que no necesita ganar en tribunales para ganar en redes sociales y en las avenidas de Chihuahua y Juárez.

Y ese es, quizás, el verdadero costo de la doble vara: no la sentencia que eventualmente emita la Corte, sino la erosión de la palabra «blindaje» como concepto político. Cuando un mismo término sirve para defenderse y para atacar, cuando su significado cambia según quién lo invoque, deja de ser una garantía institucional y se convierte en un arma retórica más, disponible para cualquier bando que la necesite en la coyuntura correcta. Eso no es exclusivo de Morena ni de Chihuahua —es, de hecho, un patrón recurrente en la polarización política mexicana de los últimos años—, pero rara vez queda tan expuesto como en este caso, donde el mismo partido defendió y combatió, en cuestión de meses, la misma palabra.

Qué viene para morena

En el corto plazo, hay que seguir dos calendarios. El primero es el judicial: la Suprema Corte tendrá que resolver las acciones de inconstitucionalidad, previsiblemente antes de que arranque el proceso electoral formal para 2027, lo que le da al litigio una ventana relativamente corta para no convertirse en un obstáculo de última hora. El segundo es el político: la definición de la candidatura de Morena a la gubernatura, prevista para septiembre, ocurrirá con esta controversia todavía activa, lo que garantiza que el tema seguirá presente en cada evento, cada entrevista y cada comparecencia de los aspirantes.

Lo que no cambiará, gane quien gane en la Corte, es la lección de fondo: en la política mexicana de 2026, ningún partido —ni el que gobierna desde Palacio Nacional ni el que gobierna desde Chihuahua— parece dispuesto a que una ley de blindaje electoral se aplique cuando el que queda expuesto es uno de los suyos. El blindaje, resulta, siempre mira hacia afuera. Nunca hacia adentro.