Sinaloa entra en “modo licencia”: 4 políticos bajo presión tras el caso Rocha Moya

Políticos de Sinaloa bajo presión tras el caso Rocha Moya y las solicitudes de licencia temporal.
La crisis política en Sinaloa continúa creciendo mientras funcionarios y figuras cercanas al caso Rocha Moya solicitan licencia o permanecen bajo presión pública e investigaciones.

Gobernador, alcalde, funcionarios de Fiscalía y operadores políticos enfrentan presión tras las investigaciones relacionadas con el caso Rocha Moya.

La crisis política que golpea a Sinaloa continúa creciendo y ya comienza a transformar el panorama del poder estatal. Lo que hace apenas unas semanas parecía un escándalo aislado alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya ahora se convirtió en una cadena de licencias, investigaciones, ausencias políticas y presión internacional que mantiene al estado en el centro de la conversación nacional.

Las acusaciones difundidas desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras relacionadas con el crimen organizado provocaron un efecto inmediato dentro de la política local. Gobernantes, alcaldes y operadores políticos comenzaron a apartarse del escenario público mientras aumentan las investigaciones y el escrutinio mediático.

En medio del escándalo, una palabra comenzó a repetirse constantemente dentro de la política sinaloense: licencia.

Rubén Rocha Moya: del poder estatal al centro de las investigaciones

Rubén Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloa como una de las figuras más fuertes de Morena en el noroeste del país. Antes de convertirse en gobernador fue senador de la República, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una figura política cercana al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Durante años construyó una imagen de político académico y operador experimentado dentro de la política sinaloense. Sin embargo, esa trayectoria quedó completamente sacudida después de que autoridades estadounidenses lo relacionaran con investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones señalan supuestas redes de protección política, posibles filtraciones de información y presuntos favores institucionales a grupos criminales ligados principalmente a la facción de “Los Chapitos”.

Ante la presión política y mediática, Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador mientras continúan las investigaciones. Aunque negó cualquier relación con actividades criminales y aseguró que colaborará con las autoridades, su salida temporal marcó el inicio formal de la crisis política que hoy vive Sinaloa.

Estados Unidos y la sombra de la narco-política

El centro del escándalo gira alrededor de investigaciones estadounidenses que buscan determinar si funcionarios mexicanos facilitaron operaciones o brindaron protección institucional a integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con reportes difundidos durante los últimos días, las investigaciones apuntan principalmente hacia presuntas conexiones con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

El tema provocó tensión política entre México y Estados Unidos, especialmente después de que fiscales norteamericanos advirtieran que podrían surgir más acusaciones contra funcionarios mexicanos en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso Rocha Moya ya comenzó a generar repercusiones políticas, financieras y mediáticas dentro del país.

Los nombres que siguen bajo presión

Aunque algunos funcionarios ya solicitaron licencia, otros perfiles continúan bajo presión política debido a los señalamientos y especulaciones alrededor del caso.

Uno de los más mencionados es Enrique Inzunza Cázarez, senador y figura cercana al grupo político de Rocha Moya. Aunque hasta el momento no ha solicitado licencia, su ausencia en diversos eventos públicos y el creciente debate político sobre su posible relación con las investigaciones aumentaron las especulaciones.

También comenzaron a circular versiones sobre posibles revisiones contra exfuncionarios de seguridad y operadores políticos ligados al gobierno estatal, aunque hasta ahora no existen anuncios oficiales sobre nuevas separaciones del cargo.

La incertidumbre política crece conforme aparecen más filtraciones, declaraciones y reportes internacionales relacionados con la presunta red de protección política investigada por autoridades estadounidenses.

Juan de Dios Gámez Mendívil: el alcalde más cercano al rochismo

Otro de los nombres más golpeados por el escándalo es el de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y considerado uno de los perfiles políticos más cercanos al grupo de Rocha Moya.

Gámez Mendívil construyó su carrera dentro de Morena y rápidamente ganó fuerza política en la capital sinaloense gracias a su cercanía con el gobierno estatal. Su administración buscó proyectar una imagen de modernización y cercanía ciudadana, especialmente en una ciudad marcada históricamente por problemas de violencia e inseguridad.

Sin embargo, las investigaciones y señalamientos internacionales también alcanzaron su nombre. Diversos reportes lo colocaron dentro del grupo de funcionarios bajo revisión por presuntos vínculos indirectos con estructuras criminales investigadas por autoridades estadounidenses.

La presión política creció rápidamente y el alcalde terminó solicitando licencia temporal para separarse del cargo mientras avanza el escándalo.

Su salida dejó un fuerte impacto político debido a que Culiacán representa el centro político, económico y simbólico del estado.

“La palabra licencia dejó de ser un trámite político y comenzó a convertirse en símbolo de crisis.”


Cartón editorial sobre licencia Sinaloa con sillas vacías y políticos relacionados con el caso Rocha Moya.
El cartón editorial de La Voz del Andador retrata el vacío político que comienza a formarse en Sinaloa tras las solicitudes de licencia y la presión alrededor del caso Rocha Moya.

Dámaso Castro Zaavedra: la crisis alcanza a la Fiscalía

La onda expansiva del caso Rocha Moya también golpeó a la estructura de procuración de justicia en Sinaloa.

Uno de los funcionarios que decidió apartarse temporalmente fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal y figura importante dentro de la Fiscalía sinaloense.

Aunque su perfil era menos mediático que el de Rocha Moya o el alcalde de Culiacán, su nombre comenzó a circular en medio de versiones sobre posibles investigaciones internas, revisiones administrativas y presuntas omisiones relacionadas con estructuras criminales operando dentro del estado.

Ante el crecimiento del escándalo, Castro Zaavedra solicitó licencia sin goce de sueldo mientras continúan las investigaciones.

Su salida alimentó todavía más la percepción pública de que el problema ya no se limita únicamente al ámbito político, sino que también podría extenderse hacia instituciones encargadas de seguridad y justicia.

Enrique Inzunza Cázarez: el nombre que sigue bajo presión

Uno de los perfiles que más tensión política genera actualmente es el del senador Enrique Inzunza Cázarez.

Abogado de profesión y figura clave dentro del círculo político de Rocha Moya, Inzunza fue secretario general de Gobierno de Sinaloa antes de llegar al Senado. Durante años fue considerado uno de los operadores más importantes del grupo político que actualmente domina el estado.

Aunque hasta ahora no ha solicitado licencia ni enfrenta una acusación formal pública, su nombre comenzó a aparecer constantemente dentro del debate político y mediático relacionado con el caso.

La presión aumentó después de sus ausencias en distintos eventos públicos y por las versiones que lo colocan como una figura cercana a varios funcionarios señalados dentro de las investigaciones estadounidenses.

Hasta el momento, Inzunza niega cualquier irregularidad y continúa formando parte activa de Morena, pero su situación política permanece bajo observación.

El escándalo por licencias que ya cambió la política sinaloense

El caso Rocha Moya dejó de ser únicamente un problema individual. Hoy representa una crisis política de gran escala que afecta la imagen institucional de Sinaloa y pone bajo presión a varios integrantes del poder estatal.

Con un gobernador fuera temporalmente del cargo, un alcalde separado de funciones, funcionarios de justicia bajo revisión y operadores políticos señalados públicamente, el estado atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando y el temor político crece ante la posibilidad de que aparezcan nuevos nombres relacionados con el caso.

En Sinaloa, las sillas vacías ya comenzaron a convertirse en símbolo de una crisis que todavía parece lejos de terminar.

tu quien crees que sera el próximo en pedir licencia te leo en los comentarios…


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